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lunes, 19 de diciembre de 2011

Valorar la naturaleza

Cada día, usamos de forma los recursos que nos da  la tierra  de forma gratuita. Pero si tuviéramos que pagar por su valor real: Nos haría más cuidadosos con lo que usamos y con los residuos que generamos? TED nos presenta su video "Pavan Sukhdev: Put a value on nature!”  en el que el Director del Estudios  la  TEEB nos expone la importancia de valorar los ecosistemas y los servicios que éstos nos aportan.



martes, 6 de diciembre de 2011

Los Pagos por Servicios Ambientales fuera de Europa

Para el establecimiento de un pago por servicios ambientales que sea efectivo e incentive el uso sostenible de los recursos naturales es necesario que se establezcan sistemas adecuados de valoración de los ecosistemas y de las actividades que se realizan. En numerosasa ocasiones se considera el lucro cesante en la valoración de los ecosistemas como medida más adecuada de valoración, aunque en muchas ocasiones sería necesario considerar los beneficios económicos que se generan por el mantenimiento de los recursos.
En países como Costa Rica,  el marco regulatorio en el que se establece el Pago por servicios ambientales lleva vigente desde 1997. En su reforma de la Ley Forestal, permitía a los propietarios forestales recibir pagos por usos específicos del suelo que generaran beneficios ambientales. En este país, el 11% de su territorio se encuentra en la actualidad financiado con Pago por Servicios Ambientales. De esta manera los propietarios forestales reciben pagos por conservar los bosques, y estos pagos se realizan con cargo a  los impuestos recaudados por carburantes o por el cánon de agua. En Centroamérica y Sudamérica existen otros ejemplos que vienen funcionando desde finales de los noventa.  En países como Mexico se incentiva la renuncia de los propietarios forestales a la extracción de la madera  para la conservación de la mariposa monarca. En Colombia un 6% de la tasa hidroeléctrica se emplea para la conservación de las áreas protegidas en los distintos municipios. En EEUU se analizaron distintas opciones de suministro de agua a la ciudad de Nueva York optando por establecer un mecanismos de protección de las montañas de Catstill, que abastecen a la ciudad de agua dulce y que mediante la compra de parte de los terrenos y servidumbres de conservación y pago por servicios ambientales a los propietarios forestales, para abandonar determinadas explotaciones o modificar sus sistemas de explotación, han logrado un notable ahorro en las infaestructuras que habían de ejecutar para mejorar la calidad del agua , con la consiguiente mejora medioambiental.
De  las experiencias analizadas en otros países se deduce que este pago por la conservación y creación de servicios ambientales es una línea existosa para evitar la degradación  de la naturaleza, que debería de ser  regularizada e incentivada desde los gobiernos.
En España la Ley 42/2007 de  Patrimonio Natural y Biodiversidad establece un marco regulatorio de los Pagos por Servicios Ambientales, si bien no se encuentran en la actualidad ejemplos dastacables de la aplicación de esta herramienta de protección. ¿Cuándo se comenzará a aplicar de manera eficiente y con ejemplos de éxito este mecanismo en España? 

viernes, 2 de diciembre de 2011

La Ley de Responsabilidad Ambiental en plazos

En 2004 la Unión Europea estableció la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, en la que se establecía un marco de responsabilidad medioambiental fundado en el principio según el cual «quien contamina paga», con vistas a prevenir y reparar los daños medioambientales. En esta directiva se pretendía señalar los mecanismos de compensación por los daños a los activos naturales generados por el desarrollo.
En España la ley que desarrolla la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo es la Ley 26/2007, de 23 de octubre  de Responsabilidad Ambiental, que entró en vigor con carácter retroactivo el 30/04/2007 . Es el Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre en el que se aprueba el Reglamento  del desarrollo parcial de la mencionada Ley el que desarrolla las Bases de su aplicación. Este Real Decreto establece que a partir del 30 de abril de 2010 las garantías financieras empezarían a ser exigibles mediante Órdenes ministeriales que fijarían los plazos y que habrían de ser publicadas entre el 30 de abril de 2010 y el 31 diciembre de 2012. Entre estas bases de aplicación se determinaba la necesidad del establecimiento de unas garantías financieras en función de una Evaluación de Riesgos Ambientales para poder hacer frente a cualquier incidente.
Con fecha 22 de junio se publicó la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y el calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria, previstas en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental. En esta Orden de prioridad y calendario. Las fechas establecidas para la aprobación de las órdenes ministeriales correspondientes a los sectores prioritarios, se determinan en un plazo de 2 a 3 años desde la aprobación de la mencionada Orden Ministerial. En el caso de las actividades de orden de prioridad menor, los plazos se dilatan hasta los 8 años desde la aprobación de la Orden.
Por el momento, se están desarrollando las herramientas para la aplicación de la Ley, como son  los MIRAT(Modelos de Informe de Riesgos Ambientales Tipo) en los que se establecen modelos que simplifican , para los empresas que cumplan los requisitos  tipo de cada sector empresarial estudiado, las Evaluaciones de Riesgos Ambientales. El 22 de junio de 2011 el MARM presentó el MORA (Modelo de Oferta de Recursos Ambientales) en el que se valoran económicamente los recursos naturales existentes.
Parece que con los plazos establecidos los avances en la aplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental van más lenta de lo que se esperaba. 

sábado, 26 de noviembre de 2011

¿Por qué valorar los ecosistemas?

En la actualidad el mundo gira en torno a la economía. Todo el desarrollo mundial viene supeditado a lo que las Leyes del Mercado marcan y en estas leyes de mercado entran numerosos factores. Existen otros factores que no se consideran y que son tratados como “externalidades”. Entre estas externalidades se encuentran los daños que el desarrollo económico genera sobre el Medio Ambiente.
Hasta ahora estas externalidades no eran consideradas más que daños colaterales, en muchas casos molestos, o causantes de gastos económicos, sin pararse a pensar los beneficios económicos que de su valoración se pudieran obtener. El World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) viene desarrollando estudios y aplicaciones prácticas sobre los beneficios que a las empresas les puede generar la valoración de los ecosistemas.  Entre las 10 razones por las que las empresas deben abordar la valoración de los ecosistemas, la WBCSD habla de razones de ahorro, como el “Ahorro de Costes” o la “Reducción de Impuestos”, pero también se atreve a incluir razones de incremento de los ingresos, como la “Revaloración de los activos”, destacando las oportunidades de negocio que éstos pueden generar, así como el “Aseguramiento de los Ingresos” derivados de las inversiones en capital natural.
Es necesario tener en cuenta que toda actividad empresarial tiene una dependencia e impacto sobre los ecosistemas. Muchos de los servicios de estos ecosistemas se valoran por sus características en sí mismas, como puede ser el  aporte de materia prima para su transformación.  Pero otros no se valoran al no resultar “tangibles” los beneficios  económicos que pudieran resultar de ellos y por ello son consideradas como externalidades. La economía de Mercado excluye de su evaluación financiera muchos servicios de los ecosistemas por no ser objeto de comercialización y no poder por lo tanto asignarle un precio a estos servicios. Muchas veces además, estos servicios no  son objeto de “propiedad”, es decir, son servicios ambientales que existen y no se considera la figura de propietario de los mismos. Pero estos servicios son normalmente  conservados y mejorados por los propietarios de los terrenos donde se asientan, de forma que generan unas externalidades positivas de las que muchas empresas disfrutan sin valorar lo que suponen estos servicios para sus beneficios económicos. Pero, ¿qué pasaría si estos servicios ambientales aplicados a cada sector empresarial desaparecieran? Las empresas probablemente se verían afectadas por la merma de su rentabilidad económica vinculada a esta desaparición. ¿Y si se valoraran estos servicios, se les asignara un “propietario” y de alguna manera se considerara esta valoración en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias? ¿Y si las empresas de esta valoración de los Ecosistemas pudieran obtener nuevas líneas de negocio, que aparte de generar beneficios económicos, generaran una mejora en el Medio Ambiente?
Pero esto es complicado, ya que existen una serie de trabas a la valoración de los ecosistemas y la posible comercialización de los servicios que éstos generan. En la mayor parte de los países no existe marco regulatorio en el que incluir esta valoración de servicios ambientales. La mayoría de las medidas para la conservación de la naturaleza se basan en el control y compensación de los impactos que el desarrollo genera sobre la misma y el incentivo a aquéllas actividades que sirvan para conservarla. Pero ¿y si se estableciera el marco regulatorio que permitiera que la conservación de la naturaleza se pudiera convertir en un negocio rentable?
Muchas empresas se han dado cuenta ya de que resulta rentable valorar los ecosistemas. ¿Cuánto falta para que los Estados desarrollen los mecanismos necesarios para que se valoren y se puedan comercializar los servicios ambientales creados?

domingo, 20 de noviembre de 2011

¿Cómo reinventamos el mundo rural?


El mundo rural en la actualidad se encuentra desfavorecido por el desarrollo. El campo se ha abandonado en pos de obtener una vida más “cómoda”  en las ciudades y ya nadie valora la riqueza de la vida en las zonas rurales. La razón que lo motiva se debe entre otras a la ausencia de “salidas” que tienen la población en dichas zonas. En muchos casos, la actividad agraria y forestal resulta demasiado arriesgada y expuesta a los acontecimientos climáticos que se producen a lo largo del año, y de ella no se obtiene muchas veces el beneficio económico que permita a las familias que viven en el campo vivir de ello. Sin embargo, son las familias más arraigadas al campo las que permanecen manteniendo el tejido rural, las que permiten el mantenimiento de los numerosos servicios ambientales de los que nos beneficiamos todos. Por un lado, aportan materia prima de la que la industria pueda nutrirse, y por ello obtienen un beneficio (muy escaso la mayoría de las veces). Por otro, mantienen un paisaje. La actividad que ejercen de cuidado de este entorno, permite el mantenimiento de una riqueza ambiental, que sin su presencia se vería con seguridad notablemente deteriorada. Pero de este segundo aspecto, las familias rurales no obtienen ningún tipo de beneficio económico por ello, ¿es justo?
¿Cómo se puede solucionar esta quimera? ¿Cómo se valoran los servicios que se aportan desde la red agrícola y forestal? La solución es compleja, y requiere una reinvención del mundo rural para adaptarse al progreso. Esta reinvención podría tener su punto de partida en una estimación de los beneficios medioambientales  que aportan los propietarios rurales y que en la actualidad no se encuentran valorados.
El punto clave de la creación de esos beneficios económicos será admitir los derechos de propiedad de los recursos generados, y que de esta manera,  quienes los generen puedan venderlos a cualquiera que esté interesado en adquirirlos, entre ellos a aquéllos operadores interesados en compensar daños ambientales. Esta solución, como ya se ha visto en otros lugares del mundo, consigue que haya más interesados en el mantenimiento de estos servicios ambientales. De esta manera en función del servicio que dieran los propietarios de los terrenos, los distintos interesados podrían pagar por el mantenimiento, creación o mejora de estas prestaciones, lo que permitiría una explotación sostenible de las distintas áreas forestales. Podemos encontrar un ejemplo representativo en la ciudad de Nueva York. Los propietarios de los terrenos de cultivo aguas arriba de la Estación de Tratamiento de aguas para que retiren zonas de cultivo o para mejorar las prácticas de gestión. De este modo, la ciudad de Nueva York, reduce notablemente los tratamientos a los que tiene que someter el agua para su consumo al llegar al cauce fluvial. Esto es lo que podríamos llamar un pago por servicios Ambientales, en el que el Ayuntamiento de Nueva York pagaría por el mantenimiento de la calidad del agua.
También los Bancos de Hábitat son una vía de desarrollo del entorno rural ya que se convertirían en una nueva línea de negocio de gran rentabilidad y permitiría la creación de nuevos entornos naturales y mantenimiento y mejora de los existentes.
Por lo tanto, es necesario cambiar los esquemas actuales sobre el mundo rural, no pensar que las biodiversidad existe y ha da mantenerse sola sin pagar ningún precio por ello y la historia nos lo está demostrando. Es necesario ser conscientes que, como todo en esta economía de mercado, el mantenimiento de la biodiversidad también tiene un precio.

jueves, 17 de noviembre de 2011

El futuro de los mercados en las economías verdes, o ¿presente?

El miércoles 16 de noviembre tuvo lugar en el salón de actos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino la conferencia “Economía de los servicios ambientales del monte”. 


En esta conferencia, participaron ponentes de contrastada solvencia como José Mª Rábade Blanco (TRAGSA), Carlos Bendito Prieto (Grupo Triodos Bank) y José Luis Blasco (Socio de KPMG España). Todos ellos coincidieron en la necesidad buscar alternativas para el modelo actual de protección de la naturaleza. Un modelo, que a día de hoy y a pesar de los esfuerzos, se ha mostrado insuficiente.
Una de las alternativas, que con ejemplos contrastados expusieron, es la utilización de los instrumentos que la economía de mercado facilita. Dichos mecanismos se pueden establecer como herramienta complementaria a las medidas que se llevan a cabo en la mayoría de los países. Estas medidas, fundamentalmente proteccionistas, están basadas en el modelo “Comand and Control”.


Nosotros desde luego no tenemos ninguna duda de las bondades de los mecanismos de mercado como herramienta eficaz para la conservación de la naturaleza, a pesar de que hablar hoy en día de los mercados, no resulte ni sencillo ni convincente en la situación en la que nos encontramos. Lo que desde luego no podemos hacer es taparnos la cara y mirar hacia otro lado. El mundo apunta en esa dirección, en la dirección de involucrar a todos los actores que intervienen en la conservación del medio natural, ya sea disfrutando, esquilmándolo, o conservándolo. No podemos dejar a las administraciones como único agente autorizado para salvar la naturaleza, ¡hagamos algo entre todos!


Pues bien, inició la conferencia José Mª Rábade haciendo una pequeña introducción de la situación macroeconómica mundial respecto el desarrollo global, y el marco político existente. Cifras sobre PIB, predicciones de la Unión Europea en su próxima PAC, estudio de sostenibilidad del World Business Council for Sustainable Development… para terminar centrándose en acciones concretas que “visualizó” como el futuro de herramientas para la conservación, así como fuente de ingresos para el “rural” español.
José Mª Rábade indicó que los mercados en la actualidad marcan las pautas y comportamientos por las que los gobiernos se rigen. Algo que se está haciendo cada día más visible. Mostraba, al hilo, que los compromisos que los bosques tienen no se cumplirán, si no se tienen en cuenta a los mercados, y a su relación con los espacios naturales. Está claro, decía, “no son la panacea y tienen sus limitaciones” pero tienen un papel muy importante que hay que dejarles jugar.
Indicaba también que los gobiernos hasta ahora sólo se han dedicado a gastar, regular y garantizar. La primera función en la situación actual tiene numerosas limitaciones, pero las dos siguientes adquieren si cabe, más importancia para sacarnos de esta situación.
Mencionaba también la situación del “rural” español. Un sector que se ha convertido en eminentemente más de consumo que de producción, y que sólo aporta un 9% al PIB español. ¿Serán los mecanismos de mercado una solución para el tejido rural español? Nosotros desde ECOACSA, no sólo lo creemos, estamos seguros y vamos apostar por ello.
La tendencia cada día es mayor a mostrar una sensibilidad hacia el medio natural, y así mostraba la encuesta a empresas sobre su percepción sobre el cambio climático, así como las previsiones del World Business Council for Sustainable Development, en las que aparecen como factores indispensables para el desarrollo sostenible los ecosistemas como agentes creadores de valor, la internalización de los servicios ambientales y los compromisos de reducción de emisiones. El capital natural, se ha convertido en un pilar más que sustenta la sociedad moderna junto con el capital físico, humano y tecnológico.



Respecto a la Estrategia Europea 2020, en la que se desarrollará la futura PAC, esperanzas e incertidumbres. Esperanzas porque el modelo podrá permitir, y así lo espera, que realmente se establezca una política que le dé respuestas a la problemática del campo y se establezcan medidas que valoren no sólo la producción agrícola o la superficie, sino que también se tengan en cuenta los servicios que para los ecosistemas proporcionan las explotaciones rurales. Incertidumbres, porque un sistema basado fundamentalmente en subvenciones, las cuales han representado la práctica totalidad de loa PAC, tienen una inercia muy grande, difícil de modificar.
El punto culminante de esta primera parte de la conferencia a cargo de José Mº Rábade lo marcó su discurso respecto a la importancia de valorar los ecosistemas naturales y sobre todo, la necesidad de establecer derechos de propiedad sobre los servicios medioambientales y ecosistemas, para poder hacer efectiva su valoración económica. Sin la definición de los derechos de propiedad, no existirán elementos transferibles para establecer políticas de mercado. Ya hay algunos derechos de propiedad reconocidos, los asociados a los elementos estrictamente “productivos”, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Lo que sí es importante, es que estos derechos, deberán tener una serie de características que permitan su transferencia (definición, protección…)
La futura explotación rural para José Mª Rábade, será aquella en la que los ingresos provengan en un 60-65% de los productos y servicios de los que ahora se obtienen, y el resto provengan de elementos relacionados con la protección de la naturaleza como la venta de créditos (biodiversidad, calidad aguas, recarga de acuíferos…)
Por último, terminó su exposición haciendo una propuesta para un nuevo “Decálogo de Gobernanza Forestal”
La siguiente intervención, corrió a cargo de  Carlos Bendito de Triodos Bank.  Carlos Bendito contó la experiencia de Triodos Bank en la comercialización de Fondos Verdes en Holanda. Pero sobre todo Carlos Bendito, desde su perspectiva de economista y como integrante de una empresa que apuesta decididamente por la conservación de la naturaleza, nos hizo reflexionar sobre la importancia de valorar los ecosistemas, de ponerles un valor como primer paso, porque darles un precio puede ser casi imposible, pero que puede ser el arranque de un nuevo modelo de conservación de la naturaleza en el que intervengan todos sus beneficiarios.
El caso que explicó, sintetiza claramente cómo, con apoyo de todas las partes relacionadas, gobierno y empresas, se pueden conseguir herramientas para la sostenibilidad. Con esta iniciativa, el gobierno holandés, premia con una serie de incentivos fiscales la creación de fondos basados en inversiones sostenibles con la naturaleza, ya sea la creación de carriles bici, la apuesta por las energías renovables, o sistemas que mejoraran la eficiencia energética.
Estos fondos posteriormente salen al mercado mediante agentes de intercambio y se comercializan. El cliente de estos fondos y depósitos, sabe de partida que la inversión es algo menos rentable (entre el 1 y el 3.5%) que si la realiza en otro tipo de bonos, pero además, está ayudando a la conservación de la naturaleza.
El volumen de fondos comercializados, pasó de los 365 m€ cuando se inició el programa en 1995, a un volumen acumulado de 11.889 m€ en 2010.
Y sobre todo, se estima, que por cada euro de inversión que el gobierno holandés realizó, es decir por cada euro que dejó de recaudar a través de impuestos por las deducciones realizadas, se realizaron 40€ de inversión en medio ambiente.
Además, Triodos ha realizado estudios que analiza la potencialidad de este tipo de bonos en España, que podría tener un target del 11% de entre todos los inversores. ¿Hay mercado para la conservación de la naturaleza?
La conclusión final de Carlos Bendito fue que hay que sentarse a trabajar y ofrecer propuestas concluyentes al público, que el exceso de información es un freno para el avance y sobre todo, que el grupo Triodos, está abierto a discutir cualquier tipo de modelo que suponga un avance para la conservación de la naturaleza.


La última comparecencia la realizó José Luis Blasco. El socio de KPMG terminó con un soplo de aire fresco y un impulso real de los mecanismos de mercado. En esta ponencia, José Luis nos mostró el ejemplo que se está llevando a cabo en Australia para el establecimiento de un mercado voluntario para el comercio de las emisiones de CO2.
KPMG ha desarrollado junto al gobierno australiano un sistema voluntario que permite la compensación de emisiones de CO2 que acaba de ponerse en marcha recientemente. El ejemplo australiano supone un empuje hacia la intervención privada en los mecanismos de compensación, estableciendo la figura de las certificaciones de sumidero de emisiones.
Este procedimiento, ha permitido definir tanto las emisiones producidas por los  operadores, como la captura de las nuevas instalaciones. Todo el procedimiento se ha normalizado mediante una norma por un organismo acreditado (equivalente al ENAC español).
Para facilitar el proceso, se establece una oficina administrativa para el comercio de OTC y un seguro en forma de certificados de carbono.
Pero, ¿Qué le lleva a las empresas a comprar CO2? Un compromiso con la naturaleza. El compromiso de ser neutros en CO2. Muchas empresas han adquirido ese compromiso, incluso la ciudad de Sydney también lo ha hecho. Este hecho, significa que los proveedores que tenga la ciudad de Sydney han de ser neutros  en  CO2 para poder optar a licitaciones.
¿Por qué es importante este ejemplo? Por las similitudes que ofrece la posición de Australia y de España frente al compromiso de Kioto, que facilitaría la aplicabilidad del modelo.
¿Será el primer paso para el uso de permisos negociables en España? Ojalá sea así.
El problema no se encuentra en incentivar la oferta, que se pondrá rápidamente en marcha cuando exista una demanda clara y definida.
El debate que se abrió a continuación resultó francamente interesante, pero su contenido, lo dejaremos para otro post.